Carlos Padilla Ríos
En el 2004, el entonces dirigente del PRI en el estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán demandó al periodista Alfredo Rivera Flores, luego de que éste publicara el libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, donde denunció el cacicazgo del priista dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y entre la clase política local.
En su demanda, Sosa Castelán también incluyó al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien escribió el prólogo del libro; a la editorial del mismo, Miguel Ángel Porrúa, al diseñador de la portada Enrique Garnica Ortega y al fotógrafo Héctor Rubio también.
En el libro, Alfredo Rivera denunció el control y el vandalismo que Sosa Castelán ejercía al interior de la institución educativa, desde que fundara la Federación de Estudiantes del Estado de Hidalgo FEUH (1977- 1979), y luego como diputado local (1981-1984), después secretario general (1986-1991) y rector (1991–1998) en esa casa de estudios.
Pasaron los años y todos los co-demandados fueron absueltos, informó a principios de 2020, la Universidad Autónoma Metropolitana, excepto Rivera Flores, quien 15 años después fue condenado a pagar más de 738 mil pesos por “daño moral” a Sosa Castelán.
Luego de ser rector de la UAEH, Sosa Castelán, fue diputado federal del PRI (2006-2009); después volvió a convertirse en secretario general de la universidad (2010-2011). Y, desde 2009, es presidente fundador del Patronato de la universidad que controla con autonomía al menos 20 empresas entre ellas: rancho, periódico, hotel, plaza comercial y gasolineria.
Pero ayer, 31 de agosto, el líder del Grupo Universidad y presidente del Patronato de la UAEH, fue detenido en la Ciudad de México luego de tres denuncias que presentó en su contra la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
Según la UIF, el exrector de la UAEH no comprobó el origen de los 151 millones de dólares bloqueados en seis cuentas bancarias que administra el Patronato.
En febrero de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera recibió un reporte proveniente del sistema financiero donde se alertaba de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias de una universidad pública estatal, sin que revelar el nombre de la institución.
Los movimientos inusuales consistieron en la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de 22 países, como Suiza, España, Reino Unido, publicó entonces la prensa nacional. Dentro de las acciones más relevantes se detectó que la casa de estudios recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Durante los años que duró el proceso en contra del periodista Alfredo Rivera, Libertad de Información México A. C. (LIMAC) y Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) cubrieron los gastos del juicio, evitando la presión económica de los demandados, pero a partir de 2008 el caso se llevó sin costo de defensa a través del proyecto “Todos Por el Derecho de la Información (TPDI)”, respaldado por la UAM Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y de 2014 a 2017 apoyó el Despacho Bona Fide Bufete Jurídico Gratuito.
En este proceso, Perla Gómez Gallardo, profesora investigadora de la UNAM Cuajimalpa y maestra por oposición de la Asignatura de Derecho a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevó la defensa legal del caso, se recordó en aquel comunicado de la UAM.
Después de 40 años de militar dentro del PRI, Gerardo Sosa Castelán, cambió de partido en 2018 para pasarse a MORENA, pero militantes de este instituto vienen exigiendo de tiempo atrás su expulsión porque ahora quiere controlar al partido de reciente creación.
