Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Victoria de Durango, Dgo.- Es de sobra conocido y demostrado con una larga lista de privatizaciones, en más de tres décadas, que el Estado mexicano socializó las pérdidas y permitió ganancias obscenas a particulares, concesionarios y socios de poderosos grupos oligárquicos.
En especial, en el lapso 2001-2018 la privatización de procesos productivos de empresas públicas estratégicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la que se prometieron más inversiones, más desarrollo y menores precios y tarifas de los energéticos, se tradujo principalmente en negocios muy lucrativos para empresas privadas y políticos corruptos, que fueron sobornados para que se realizaran las reformas que favorecieron intereses de empresas extranjeras, principalmente, sin que esto beneficiara a los consumidores con precios y tarifas estables o reducidos de los energéticos, como la electricidad, el gas, las gasolinas y el diésel.
En el caso de la industria eléctrica de nuestro país, ésta comprende los procesos de generación de electricidad, transmisión, distribución y comercialización. En la generación o producción de electricidad pueden participar empresas del sector privado que le venden la energía generada a la CFE, única dueña de las redes de transmisión, distribución y comercialización.
En las redes de transmisión y distribución no puede existir competencia de empresas privadas porque es imposible que haya más de una red nacional en el sistema eléctrico. En el espíritu del artículo 28 constitucional, referente a los monopolios, se refleja incluso la misma teoría económica neoliberal que reconoce el monopolio natural en posesión del Estado.
La misma teoría neoliberal, al hablar de “mercados de competencia imperfecta”, reconoce que un monopolio natural (generalmente en posesión del Estado) constituye una estructura de mercado en la que una sola empresa grande es más eficiente que un conjunto de empresas concesionarias aisladas, relativamente pequeñas en un sector, gracias a sus economías de escala, es decir a sus rendimientos crecientes y costos medios decrecientes, esto es porque las redes se construyen una sola vez y constituyen bienes públicos. Ejemplos de monopolios naturales y bienes públicos son: los ferrocarriles, las redes de distribución de electricidad, agua y drenaje, los ductos de distribución de gas natural y las carreteras de cuota para grandes distancias. Por ello, concesionar o vender bienes públicos a particulares es convertir monopolios naturales públicos en monopolios privados con poder para fijar precios, no con fines de satisfacer el interés público o social, sino con fines de lucro y beneficio privado.
Con las reformas del periodo neoliberal a la industria eléctrica, la CFE quedó lastimada, cada vez más endeudada, atada y sometida a unas reglas que benefician en exceso a las empresas privadas que generan electricidad, las cuales se habían venido apoderando del mercado eléctrico al tiempo que debilitan a la CFE.
En efecto, la reforma a la industria eléctrica de 2013 se orientó al debilitamiento y desmantelamiento progresivo y rápido de la CFE, repercutiendo en la reducción de las capacidades operativas, financieras, de inversión y de servicio de la Compañía.
Los procesos de generación de la CFE se dividieron y fragmentaron con la intención deliberada de buscar su desaparición, por insostenibilidad en el mediano y largo plazo. Si bien las redes de transmisión, distribución y comercialización se mantienen a cargo de la CFE, con dicha reforma también se subordinan a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); la CRE establece las tarifas y el Cenace determina quién se conecta y en dónde.
Con la reforma de 2013 la CRE otorgó permisos de generación de manera ilimitada, por 104,372 MW cuando la demanda estimada es de 52,419 MW, sin considerar ninguna planeación y demanda futura. Estos permisos duplicaron la demanda del sistema eléctrico con una sobreoferta de generación, con lo que se saturó la red obligando a la CFE a construir nuevas líneas de transmisión y reforzar otras, con grandes costos a cargo de la empresa del Estado mexicano.
Se conoce como despacho a la autorización del Cenace para que una central eléctrica inyecte su generación en las redes de comercialización de la CFE. La CFE está obligada por los llamados “contratos legados” a comprar, por 25 años, energía a los generadores privados, y al final del contrato los privados se quedan con la central eléctrica. Con este modelo se construyeron 34 centrales que producen el 31 por ciento de la energía que requiere el país.
Asimismo, 239 centrales eléctricas de autoabastecimiento cuentan con 77 mil 767 grandes consumidores (socios-clientes, como la cadena Oxxo), cuya tarifa de “porteo” para el transporte de la energía por parte de la CFE no cubre el costo real, lo cual va en detrimento progresivo y rápido de las finanzas de la CFE.
Los generadores privados representan ya el 43 por ciento del total de la generación nacional y se han apoderado del 66 por ciento de los grandes consumidores, y no como se argumenta frecuentemente “por la calidad de su servicio”, sino más bien por no pagar a la CFE tarifas justas de transporte de la energía y por la ventaja de ser despachados preferentemente por el Cenace.
Es falaz e inexacto que con dicha reforma se hayan captado mayores flujos de capital externo; de hecho, todos los proyectos privados, principalmente de empresas españolas, no fueron financiados por inversión extranjera directa, sino por la banca de desarrollo de México (Bancomext, Nafin y Banobras), a tasas preferenciales reducidas e incluso con recursos de las afore.
El sistema eléctrico impuesto con la reforma de 2013 no constituye libre competencia sino monopolios privados y generadores privados que dependen del subsidio de la CFE, constituyéndose en extractores de recursos del sector público. Se trata de un modelo de despojo insostenible para el Estado mexicano, en el que los privados dependen de transferencias crecientes del sector público, y que sólo podría sostenerse con aumentos significativos de las tarifas eléctricas en detrimento de los pequeños consumidores y los hogares mexicanos.
Las promesas neoliberales de entregar los productos y servicios, con bajos precios para los consumidores, tampoco se cumplieron. Así, las tarifas eléctricas aumentaron en forma importante a partir de 2017, con un incremento de 17.06 por ciento respecto de 2016. La tarifa que tuvo el mayor aumento de 2012 a 2018 fue la de servicios públicos (agua y alumbrado), con un incremento real de 31.60 por ciento, provocando un impacto presupuestario en los municipios del país. También la tarifa doméstica aumentó (3.8 por ciento) en el mismo periodo, a pesar de los subsidios canalizados a 38 millones de usuarios. Con dicha reforma, ni aumentaron espectacularmente la inversión ni el empleo, ni tampoco se fortalecieron las finanzas públicas.
En suma, los contratos todavía vigentes entre la CFE y las empresas privadas son inequitativos y desventajosos, ya que benefician a las empresas privadas y lastiman el interés público. Con la reforma constitucional -que ha suscitado gran oposición de los grupos de interés afectados- se cambiarán esas condiciones lesivas para la CFE que la obligan a aumentar las tarifas, o a absorber un mayor subsidio del gobierno para resarcir sus crecientes pérdidas, con cargo a la hacienda pública y a los contribuyentes, y sólo para beneficio de unas cuantas empresas cuyo único fin es el lucro.
Se trata de la típica situación en la cual una empresa productiva estratégica del Estado mexicano, como la CFE, pone las pérdidas, y las influyentes empresas privadas de generación que forman el nuevo mercado eléctrico se llevan las ganancias.
Con la reforma constitucional el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en el siguiente orden: en primer lugar se subirá a la red de distribución de la CFE la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Se busca fortalecer a la CFE y no obligarla a “despachar” primero y en forma preferente energía generada por empresas privadas a precios mucho más elevados, para que la CFE pueda aprovechar la capacidad ociosa de sus propias plantas de generación a fin de beneficiar el interés nacional, y sostener el compromiso a largo plazo del gobierno de la 4T de no incrementar las tarifas de electricidad y garantizar la seguridad energética.
Es falaz afirmar que con esta reforma se esté violando el T-MEC, ya que, en los capítulos referentes a monopolios del Estado, hidrocarburos e inversiones, México se reserva su derecho soberano de reformar la Constitución y su legislación interna, mutatis mutandis, es decir: cambiando lo que se deba cambiar.
Sin ninguna duda, al operar la nueva reforma eléctrica se terminará con años de saqueo y despojo del sector eléctrico nacional, con la simulación de precios y con la inmoral entrega de subsidios a empresas privadas con el pretexto de que producen energías limpias, las cuales también puede generar la CFE.
*Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Analista político. Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango
