La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), que preside la Maestra Beatriz Solís Leree, manifestó su preocupación por la intención del gobierno de Uruguay de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mejor conocida como Ley de Medios) Nº 19.307, promulgada en 2014.
Ante ello, solicitó respetuosamente que se impida esa acción antidemocrática, y que la reforma a la Ley de Medios sólo se centre en los ocho artículos que de acuerdo con la Corte tuvieron problemas de inconstitucionalidad.
Considerada en la región como una de las más avanzadas en el mundo por su visión democrática y el fortalecimiento de los derechos humanos de expresión e información, la derogación de la Ley de Medios implicaría un grave retroceso en diversos ámbitos, como:
Mayor concentración de medios de comunicación en pocas manos; discrecionalidad y menos transparencia en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; eliminación del derecho a la objeción de conciencia.
Además, acabaría con la autonomía de los medios públicos al trasladar su control a un ministerio del gobierno y regresarían las obsoletas facultades para cerrar medios de comunicación que afecten “la imagen y el prestigio de la República”, señaló la AMDA en un comunicado.
“Como lo han advertido diversas organizaciones de la sociedad en Uruguay, se restituirían diferentes normas aprobadas en la dictadura en los años setenta y ochenta, y que son totalmente contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y el derecho a la información que han impulsado a través de diferentes mecanismos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus relatorías de libertad de expresión”, agregó.
Respecto a los derechos de las audiencias, puntualizó la AMDA, una mayor concentración comunicacional nacional y transnacional y el debilitamiento en la autonomía de los medios públicos, tiene una afectación muy grave en la pluralidad, la diversidad y la inclusión en los contenidos.
Y es fuente para alentar lo que se ha combatido desde hace décadas, añadió, como los discursos de odio, la discriminación, la cosificación de la mujer, la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros.
De derogarse la Ley de Medios, también se nulificaría el reconocimiento de los derechos de las audiencias y las bases fundamentales para su tutela, lo cual es inaceptable, ya que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay no encontró vicios de inconstitucionalidad en dicho reconocimiento, indicó.
La AMDA dijo que coincide con la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), en que “los pueblos requieren protección de sus derechos, defensa del principio de progresión y no regresividad de los derechos humanos y el Estado debe garantizarlo, no poniendo en riesgo las conquistas obtenidas, sino promoviendo democracias vigorosas y participativas con ampliación de derechos, entre ellos comunicacionales”.
