El Poder Ejecutivo, por medio de la consejera jurídica María Estela Ríos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por rebasar sus facultades legales y emitir un reglamento sobre el uso de satélites en el país.
El Ejecutivo consideró que el IFT incumplió la Carta Magna al atribuirse el derecho de modificar, por sí solo, las normas para autorizar el lanzamiento de satélites, ocupar las posiciones orbitales de México y concesionarlas a particulares, ello de acuerdo con las Disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite que publicó el Instituto este 23 de enero en el Diario Oficial de la Federación y que entraron en vigor el 7 de marzo.
“Se actualiza el marco regulatorio conforme a los avances tecnológicos en materia de comunicación vía satélite”, escribió el IFT en un comunicado, en el cual afirma que se da mayor “certeza jurídica en el entorno del sector satelital, se incentivan inversiones y provisión de más servicios a través de sistemas satelitales nacionales o extranjeros, o en áreas remotas, es decir, mayor oferta de acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a los usuarios”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo consideró que estas Disposiciones regulatorias modifican arbitrariamente el Reglamento de Comunicación Vía Satélite, expedido en 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo, y sostiene que con ello invadió las facultades presidenciales y del Congreso de la Unión.
El IFT argumenta que, como organismo autónomo, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, acceso a la infraestructura activa y pasiva, así como otros insumos esenciales, por lo que no se trata de una violación a sus facultades.
Se espera que en los próximos días la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo, que de momento no es pública, sea asignada para su análisis a algún ministro de la Suprema Corte.
Diana Morán Reyes
