En respuesta a la participación de la ciudadanía que por 10 días recolectó más de 2 millones de firmas para presentar ante la justicia a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esta mañana el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador firmó una solicitud dirigida al Senado, instancia legislativa que remitió ya la petición a la Suprema Corte para su validación.
López Obrador, detalló esta mañana que este 15 de septiembre vence el plazo para la entrega de firmas de la ciudadanía que firmó la misma petición por su cuenta, aunque él quiso también sumarse a la petición formal “para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”, agregó.
El mandatario celebró la organización de la consulta y la respuesta de la población para recolectar las firmas requeridas, e incluso rebasar la cantidad necesaria para solicitar la consulta: “Es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa. La información que tengo es que sí van a tener hoy las firmas que se requieren, que ya están ordenándolas y que ya van cerca de dos millones”, destacó.
En la extensa carta de motivos, el mandatario señala las razones para establecer culpabilidad para Carlos Salinas de Gortari, de quien dice: “fue impuesto mediante un fraude electoral”, por ser el fundador de la desigualdad en México, pues señala “fue en su sexenio cuando crecieron en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos” como minas, bancos y empresas del Estado.
Al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se le atribuye la continuación de las políticas privatizadoras de su antecesor, e incluso llevar estas hasta sus últimas consecuencias: “privatizó bienes nacionales como los Ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del ‘rescate bancario’. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.
En el caso del ex presidente Vicente Fox Quesada se le acusa de traicionar “el mandato democrático al que se debía, y los principios mismos de la democracia” al intervenir de manera ilegal “en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. El propio Fox en una entrevista con Telemundo admitió que ‘era importante detener a López Obrador’, y en 2010 se jactó de haber ‘cargado los dados’ del proceso electoral”.
Al ex panista Felipe Calderón Hinojosa se le responsabiliza de la estrategia militar que “exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente”. Al político michoacano se le atribuye la omisión de los nexos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con un cártel del narcotráfico e indica: “la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.
Para el político del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, se le atribuye “la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida para su campaña presidencial”, y enfatiza “parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht”. Al último inquilino de Los Pinos se le adjudica: “la presunta complicidad en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados”, operación que causó al erario “un quebranto superior a los 200 millones de dólares”.
La consejero jurídico de la Presidencia entregó el documento al Senado que lo remitió a la Suprema Corte para sus efectos legales procedimentales.
El presidente López Obrador leyó la pregunta a realizarse: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sugirió el mandatario que la consulta se lleve a cabo en la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución.
