Más allá de una consulta
Por Mario A. Medina
Soy de los convencidos de que para meter a la cárcel a los ex presidentes de la República por diversas “presuntas” infracciones cometidas en conta de la ley, no se debería consultar a la población para determinar si se debe llevar o no a prisión Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entiendo también que el evento de este domingo 1 de agosto es más que todo un acto de carácter político que le permitirá a la población una especie de “venganza” contra quienes de una u otra manera atentaron contra de ellos (de nosotros), que se enriquecieron de manera ilícita mientras que la gente sigue viendo y sufriendo pobreza, enfermedades, y ellos, los expresidentes, disfrutan en jauja, lo mismo que su descendencia, ésta y las que siguen; que pasaron a quebrar al país.
Tal vez sí, sea una “venganza política y personal” del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra quienes durante su carrera política le hicieron la guerra, contra quienes lo espiaron a él y a su familia, a sus más cercanos amigos y colaboradores.
Reitero soy de los convencidos de que este ejercicio no debería de llevarse al cabo y que simplemente se les debería aplicar la ley, porque Salinas. “entregó empresas públicas a particulares”. Zedillo “convirtió las deudas privadas en deuda pública con el Fobaproa”. Fox por “traidor a la democracia” Felipe Calderón, por “utilizar la fuerza pública y convertir al país en un cementerio” y Peña Nieto por “encabezar el gobierno más corrupto en la historia del país”, amén de que hay muchos pero muchos más argumentos por los cuales a estos señores nos deberíamos referir a ellos como “PPL´S” (Personas Privadas de su Libertad).
Hay quienes se han opuesto a esta consulta, pero con argumentos donde anteponen sus “odios” al Presidente de la República, y no por uno simple: “si son culpables que se les aplique la ley”. El consultor y ex presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, que se caracteriza por anteponer sus estudios de presunto analista a sus animadversiones políticas contra López Obrador, ha señalado que “lo que conviene es llamar al país a la abstención y a desairar los intentos polarizantes del presidente”.
Otros han calificado la consulta como un “ejercicio indigno” o como una “farsa peligrosa”, también como un “Show” mediático.
Cada quien desde su trinchera está defendiendo sus intereses. Algunos otros lo hacen, creo percibirlo, de manera honesta; están convencidos de que al menos esta consulta no debería ser, porque el propósito de dicho mecanismo debe servir para preguntar la opinión de la población sobre políticas publicas y no para decidir si se aplica o no la ley.
Es lamentable que por primera vez en la historia de México la aplicación de una consulta popular se encuentre con estas diferencias, cuando deberíamos estar aplaudiendo todos que en nuestro país por fin se le consulta a la población y entender también que la ley por igual se le debe aplicar al ladrón, al violador, a quien permitió se atentara contra el patrimonio nacional, pero también celebro el hecho de que al menos la población agraviada tiene una forma de expresar su rechazo a quienes viven con toda tranquilidad, en la comodidad apropiándose de lo que no es suyo y dejando herencias que no les pertenecen. Me viene a la memoria el expresidente Miguel Alemán y su descendencia ahora presuntamente “quebrada”.
Del tema he podido platicar con muchos amigos, familiares, vendedores callejeros que me han expresado sus opiniones y con quienes he entrado en controversia, pero también en coincidencia.
Acepto que la mayoría me ha dicho: “podrás tener razón de que no se nos debería consultar, y sí enjuiciarlos por ladrones, asesinos, pero esta consulta es la oportunidad de expresar al menos nuestro rechazo a quienes nos engañaron, a quienes nos robaron nuestro futuro, el de nuestros hijos, que vendieron al país, que lo quebraron y remataron”.
Este domingo 1 de agosto seguramente varios millones de mexicanos en todo el país responderán sí a la pregunta enredosa y mañosa que formuló la SCJN, con la que la población pediría se lleve a juicio a los expresidentes. Los cálculos que se hacen dicen que no serán suficientes, pues la consulta requerirá un mínimo de 37 millones 439 mil 23 de mexicanos participantes para que se convierta en vinculante, es decir para que se les inicie un proceso judicial.
Seguramente al final será un ejercicio de desahogo social, pero también será un hecho inédito, tal vez histórico, pero también bastante criticable, donde la población podrá no sólo quedarse en una mentada de madre a los exmandatarios. Podrá, en un hecho palpable, mostrar el tamaño de su rechazo a esos sinvergüenzas.
Dirán algunos: “Les va a hacer lo que el viento a Juárez”, pero también servirá como el inicio de un empoderamiento social, sí, como un mecanismo de consulta popular como fue votado en el Congreso, pero que con el tiempo pueda ir más allá, de concretarse una transformación que el país y como sociedad requerimos.
Que no le cuenten…
La decisión del Presidente de dar amnistía a torturados, ancianos y sin condena es un acto de justicia, pero también una respuesta a la indolencia, a la violencia de Estado, al silencio contra quienes, seguramente han vivido no sólo encerrados por largos años injustamente. Han sido víctimas de leyes retorcidas, de complicidades. Ahora el gran sueño de la justicia en México es que todo esto cambie de verdad, no de mentiritas.
