Bettina Falcón Valerdi – Corresponsal
Toluca, Estado de México.- Reiniciaron la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y el Comité Permanente de Comunicación Social de la LX Legislatura mexiquense, el análisis y la discusión de la “Ley Integral para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Estado de México” la cual de acuerdo a su autora, la diputada Azucena Cisneros Coss, está sustentada en la Ley Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y toma en cuenta la ley de la Ciudad de México y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
La Ley gira en torno a la instalación y funcionamiento del “Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México” y recientemente Cisneros Coss informó que se le ha sugerido incluir el enfoque de género, la obligación del Estado de cumplir con lo mandatado, la clarificación de la Unidad de Reacción Inmediata y de las medidas urgentes de protección, y que las policías municipales se sumen a las labores de reacción rápida.
En este sentido, precisó que el proyecto contiene una serie de obligaciones jurídicas de las diversas instancias, de los poderes del estado, los organismos autónomos y los municipios, y aseguró que con esta ley se reconocerán al periodismo y la defensa de los derechos humanos como de interés público, garantizando la libertad de expresión y la defensa de los derechos de quieres las llevan a cabo.
En otros capítulos de la Ley se aborda el derecho al secreto profesional del periodista así como “la cláusula de conciencia como derecho de quienes ejercen esta profesión; también plantea lo relativo al acceso a la información y respecto a los convenios de cooperación con el Gobierno del Estado de México, para hacer efectivas las medias previstas para garantizar la vida, integridad, libertad tanto de los defensores de los derechos humanos como de los periodistas.
Desde la fecha que fue presentada ante el pleno legislativo, 25 de abril de 2019, se han realizado diversas reuniones con un grupo que se denominó, “Colectivo de Periodistas Estado de México” quienes también sostuvieron encuentros regionales con representantes del Gobierno del Estado de México, así como con el comisionado de los derechos humanos de la entidad, Jorge Olvera, y si bien en todos estos foros y reuniones se han manifestado sobre la urgencia de aprobar esta ley, hasta el momento el trabajo en comisiones no ha concluido.
Recientemente este mismo Colectivo sostuvo una reunión con diputados del PAN en su sede estatal, para manifestarles que la iniciativa de Cisneros Coss no garantiza en su totalidad la protección y el libre ejercicio profesional del periodismo, porque crear un mecanismo de protección no es suficiente si no se establecen las políticas públicas y protocolos de actuación, para evitar y prevenir agresiones contra periodistas y actos que impidan y obstruyan el trabajo informativo.
Cabe mencionar que cerca de un centenar de periodistas que ejercen la profesión, que se mantienen en contacto a través del grupo “Reporteros EdoMéx” en WhatsApp cuya finalidad es discutir dicha ley, no han reconocido hasta el momento a este Colectivo como representantes.
En el Estado de México existe un problema que todos conocen y nadie menciona, que es el excesivo enriquecimiento de los empresarios del periodismo, propiciado desde el presupuesto oficial, y la total indefensión laboral que padecen los reporteros que trabajan en esas empresas.
Los poderes del estado generan sus convenios con los empresarios quienes dictan la línea editorial de sus medios y, en consecuencia los empresarios someten a los reporteros a cumplir con dichos lineamientos para no contravenir los acuerdos económicos logrados con el poder político.
Aunado a ello, los reporteros carecen de contrato y por ende, de seguridad en el empleo y de prestaciones laborales, solo dos empresas contratan de manera formal a sus reporteros y unas cuantas realizan el pago quincenal a cambio de una factura o recibo de honorarios.
Ciertamente estas irregularidades que se subsanarían con la aplicación irrestricta de la Ley General del Trabajo, no han merecido alguna observación en la ley en comento, lo cual no se debería dejar de lado, sobre todo, porque el contubernio existente entre el poder político del Estado de México y las empresas periodísticas, aborta cualquier demanda por justicia laboral que inicien los afectados ante la Secretaría del Trabajo.
