Gerardo Israel Montes
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral anunciada el 28 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contiene elementos importantes que pudieran fortalecer la democracia mexicana, como proponer un nuevo mecanismo para elegir por voto popular a los integrantes de los órganos electorales administrativo y judicial, con lo que se terminaría con la viciosa repartición de cuotas partidistas que solamente dañan la autonomía e independencia del órgano electoral.
No obstante, esta propuesta presidencial también tiene aspectos regresivos, incluso contradictorios con la lucha emprendida por grupos de izquierda durante muchos años, ya que se afecta al modelo de comunicación política que se instauró tras la reforma electoral constitucional y legal de 2007-2008, que garantizó el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación de forma gratuita a través de los tiempos del Estado, lo que permitió terminar con el negocio privado de la propaganda política que representaba millonarios ingresos para las televisoras y radiodifusoras mexicanas.
Una de las finalidades de aquella reforma electoral (2007-2008) fue que los poderes económicos y mediáticos no tuvieran la capacidad de influir en las preferencias de las y los electores, mediante la promoción y difusión de spots o mensajes electorales de los partidos políticos y candidatos afines a sus intereses, en detrimento de aquellos que no lo son, a quienes, por representar una opción e intereses distintos, se les difamaba a través de guerras sucias.
Así ocurrió en el año 2006, cuando el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en confabulación con consorcios de radiodifusión, financiaron toda una campaña negra en contra del entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos, el propio López Obrador, a quien se calificó falazmente de ser “un peligro para México”, debido a que supuestamente afectaría la estabilidad económica y los cambios (neoliberales) que se habían implementado en el país.
En 2006 se desarrolló una elección fraudulenta que dio como resultado la supuesta victoria del candidato del PAN, Felipe Calderón, por un estrecho margen de 0.56 por ciento de la votación arriba de López Obrador, triunfo que contó con la venia de los órganos electorales, destacadamente por parte del Tribunal Federal Electoral el cual, a pesar de las múltiples irregularidades e inconsistencias en el proceso de votación, que ameritaba el recuento total de los votos de la jornada electoral celebrada el 2 de julio de ese año, desechó la mayoría de las impugnaciones y solamente autorizó el recuento del 9 por ciento del total de las casillas instaladas a nivel nacional.
La crisis poselectoral que se dio tras las elecciones de ese año, trajo consigo la mencionada reforma constitucional en materia electoral, estableciendo en el artículo 41 constitucional, que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social; a su vez se les prohibió contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; y vedó a las personas físicas o morales a contratar propaganda en medios electrónicos dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.
En el apartado A de dicho artículo se fijó que el Instituto Federal Electoral –ahora Instituto Nacional Electoral– sería la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, destinándolo a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, precisando que “a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarían a disposición” del órgano electoral administrativo “cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión (…) dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas”.
Sorprendentemente, en la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República el pasado 28 de abril, se reduce considerablemente el tiempo con que cuenta el Estado para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación electrónicos, ya que se plantea modificar el apartad A del artículo 41 constitucional, a fin de establecer que el nuevo órgano electoral que sustituiría al INE, (el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), a “partir del inicio de las precampañas, y hasta el día de la jornada electoral”, tendrá a sus disposición “treinta minutos diarios, que serán distribuidos en al menos uno por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.
Con la reducción de 18 minutos diarios del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, que se destina a los partidos políticos y candidatos durante las distintas etapas del proceso electoral, aunado a la distribución que tendrían los mensajes electorales en “al menos uno por cada hora de transmisión”, evidentemente se impacta el tiempo que actualmente tienen para hacer llegar sus planteamientos o posicionamientos políticos a las y los electores mexicanos, así como la continuidad y eficacia de su propaganda electoral.
Guiño a las televisoras
No hay ningún motivo para mermar los tiempos a los que tienen derecho los partidos políticos y candidatos para acceder a la radio y la televisión, conseguidos a raíz de la reforma constitucional de 2007, la cual fue impulsada principalmente por la izquierda tras el fraude electoral, que se cometió y con el propósito de lograr una mayor equidad en las contiendas electorales. La propuesta de reforma al artículo 41 constitucional es un guiño para los concesionarios de radiodifusión, especialmente de la televisión, quienes han demandado reiteradamente reducir lo que han definido como “la spotización electoral”, buscando que se les compense la afectación millonaria que tuvieron tras la cancelación de la comercialización de la propaganda política.
El malestar que ocasionó la instauración del nuevo modelo de comunicación política entre los dueños y representantes de la televisión mexicana, quienes a pesar de tener una concesión pública se creen los dueños del espectro radioeléctrico, se ha visto reflejado en reflexiones recalcitrantes como las expresadas por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, o de Javier Tejado Dondé, abogado de Televisa, cuyo dueño es Emilio Azcárraga Jean. Todos ellos molestos porque perdieron importantes recursos públicos que eran destinados a sus consorcios mediáticos.
El primero de ellos publicó en el periódico El Universal el 29 de marzo de 2021 un artículo que tituló: “El INE debe morir y desaparecer”, en el cual, con un lenguaje agresivo que denotó su habitual arrogancia para resistirse a cumplir las leyes, en este caso la normatividad electoral, externó que la legislación que dio vida al INE, lo volvió una pesada máquina burocrática que, según uno de los empresarios favoritos de este sexenio, lo han llevado a entrometerse en ámbitos que no le corresponden, como “robarse los tiempos de los medios de comunicación; aprobar cada uno de los spots y campañas electorales”.
Todo lo anterior, agregó, es “legal” debido a la “equivocada reforma de 2007, pero de ninguna manera es justo, ni correcto (…) Porque con el peso de esta legislación absurda creada por rencores postelectorales del 2006, el INE se ha convertido en el mayor censor del país. Puede callar a los ciudadanos, callar a los candidatos, callar al Presidente y silenciar a los medios de comunicación”.
En un tono igual de soberbio y resentido por las pérdidas económicas y de influencia política que les significó la implementación en 2007 del sistema de comunicación política, Tejado Dondé ha dedicado diversos textos para denostarlo. Por ejemplo, en su artículo del 24 de noviembre de 2015 publicado también en El Universal: “La Comunicación Política a debate”, cuestionó que desde 2007 México cuenta con un sistema electoral bastante rígido, “incluido el modelo a través del cual partidos, candidatos e incluso gobernantes tienen acceso a todos los medios de comunicación (…)
Desde que se reformó la Constitución, en el 2007, se dijo que este tipo de modelo de comunicación, en el que se satura a los ciudadanos con millones de spots y se sobrerregulan entrevistas, era contrario a un régimen democrático”. Tejado Dondé dejó claro cuáles son las verdaderas preocupaciones económicas de los concesionarios: además de la difusión de millones de spots, está el asunto de que los medios y comunicadores “tienen que probar que las entrevistas que hacen (a los políticos) no son pagadas”, lo cual es una práctica común y real que llevan a cabo la mayoría de los medios de comunicación, que con total falta de ética hacia la ciudadanía, disfrazan una transacción comercial, como un hecho noticioso e informativo.
Haciendo gala de una gran contradicción, el abogado de Televisa llegó a desestimar la eficacia de los spots electorales como mecanismos para ganar campañas políticas, cuando, en la época en que los anuncios de 20 segundos tenían costos millonarios para partidos y candidatos, la industria de la radio y la televisión promovía al spot como el producto principal para realzar la imagen de los políticos y estar en posibilidades de ganar elecciones. Pero en su animadversión al modelo de comunicación política, y para lograr su propósito de reducir la spotización electoral, en aquel texto Tejado Dondé aseguró que era “absurdo que los políticos piensen que con estos spots se ganan o pierden elecciones”.
Y al recurrir a datos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Javier Tejado refirió que la saturación de spots electorales es tal “que los ciudadanos ya no distinguen qué spot es de qué partido político” y cuando aparecen en medios los spots partidistas, “un 45% de la audiencia cambia el canal o la frecuencia de radio”. Así que ya casi nadie ve estos spots (…) Es el peor de los mundos para cualquier estrategia de mercadotecnia, por lo que sería idóneo que “en cada elección no tengamos que pasar por una oleada de millones y millones de spots”.
Ahora, con la propuesta presidencial, se reducirían los tiempos de Estado de 48 a 30 minutos diarios, desde el inicio del proceso y hasta la celebración de la jornada electoral, destinados a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, asignando “el 90 por ciento de dichos tiempos a los primeros dos” y el 10 por ciento restante al órgano administrativo electoral.
Puntos positivos
No obstante el severo retroceso que significaría esta modificación al modelo de comunicación política, que reduce los tiempos del Estado, la propuesta de reforma electoral tiene puntos positivos, como el apartado relacionado con financiamiento a los partidos políticos, eliminando el financiamiento público para sus actividades ordinarias, planteando que dichos gastos recaigan en sus simpatizantes y militantes. “El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral”.
Es adecuado el planteamiento para extinguir a los organismos públicos locales (OPL) y a los tribunales electorales de las entidades federativas, a los cuales, además de que son usados para cubrir cuotas partidistas, se les destinan millonarios recursos públicos que no se justifican ante la poca relevancia que tienen durante los procesos electorales, especialmente los tribunales locales, quienes “como primera instancia no brindan certeza” ya que el Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales, por lo que se propone que “el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país”.
Un punto medular de la iniciativa presidencial es el fortalecimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la desaparición del INE, a fin de crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad electoral del país, absorbiendo las facultades de los OPL, con lo cual organizaría la totalidad de los procesos electorales a nivel nacional, estatal y municipal.
Parte esencial en la integración de los organismos administrativo y jurisdiccional en el ámbito electoral, es que serían postulados por los tres poderes de la Unión, con lo que cada uno propondría a 20 personas de manera paritaria para la integración del INEC y a 10 para las magistraturas del TEPJF; luego se abriría un periodo de campañas para todas las candidatas y candidatos; y, finalmente, mediante voto secreto, directo y universal, serían electos los 7 integrantes de cada una de estas dos instancias.
Un proceso de elección complejo, que seguramente contaría con la participación espontánea de mucha gente, pero en el cual sin duda tendría mayor peso la movilización de las bases partidistas. Con su pros y contras, posiblemente permitiría un ejercicio más democrático al considerar la participación ciudadana en la conformación de estos dos importantes órganos electorales, a fin de terminar con la repartición de cuotas partidistas que permitió al PRI y al PAN, y en menor medida al PRD, apoderarse del INE y del TEPJF, convirtiéndolos en instituciones falsamente autónomas e independientes, que responden a los intereses de los grupos partidistas que los impusieron.
