José Narro Céspedes*
De acuerdo con el diccionario de María Moliner revocación significa “Anulación de una orden o disposición de una autoridad por otra distinta” y “Acto jurídico con el cual una persona deja sin efecto otro anterior realizado por ella misma”. Este acto jurídico se remonta a la antigua Atenas, desde entonces y a lo largo de la historia ha sido adoptado por diferentes sistemas de gobierno. Como lo dice la definición jurídica, hace referencia a que una autoridad deja sin efecto una orden o mandato.
En México la mayor autoridad es el pueblo soberano. De manera que, en el acto constitucional de revocación de mandato los ciudadanos tienen el derecho de destituir de su cargo al Presidente de la república por pérdida de confianza en su ejercicio de gobierno.
No obstante, también es un acto para ratificar a nuestro presidente a la mitad de su mandato. A pesar de que, en la Ley Federal de Revocación de Mandato, no está redactado en ese modo, hay quienes no comprenden, que es de extrema importancia realizar la revocación. No han comprendido que ahora vivimos en una democracia participativa y ciudadana.
En el siglo XXI, los gobiernos democráticos que se basan en la gobernanza incluyen como parte de sus derechos constitucionales la figura de revocación de mandato.
A muchos políticos les aterra un acto jurídico mediante el cual el pueblo soberano, a través del voto, determinará la permanencia o no del Presidente, ya que de llevarse a efecto el acto revocatorio, será un importante precedente para que se impulse el mismo procedimiento para gobernadores y otros cargos públicos, incluso de otros poderes de la unión y órganos autónomos.
Desde luego, está posibilidad aterra a muchos políticos que sólo están en el poder para cumplir las órdenes de intereses creados.
Arribar al siglo XXI con un derecho tan importante como la revocación de mandato nos llevó muchos años de lucha pacífica y legal.
La primera gran reforma electoral de México fue en 1982 creando la Comisión Federal Electoral, que llegó a su fin por el fraude electoral de 1988. Desde 1988 y durante toda la década de los noventa, la izquierda se fortaleció y dimos la lucha para cambiar las cosas y evitar los fraudes contra el pueblo soberano. Fue hasta 1990 que se creó el órgano electoral llamado Instituto Federal Electoral. En ese tiempo pensar en una revocación de mandato era una utopía, todos anhelábamos sacar al usurpador de la silla presidencial, pero no había ni condiciones, ni voluntad política para lograr una auténtica reforma electoral.
La segunda reforma importante, fue en 1996, en aquel año ya existía un partido que agrupaba a todas las izquierdas y había muchas presiones para que se creara un sistema electoral basado en el modelo de partidos, no de un partido único. Nuevamente, las izquierdas peleábamos por certeza, objetividad, transparencia, evitar la compra de votos y los fraudes electorales. Aún así las elecciones de 1988, 2006 y 2012 fueron elecciones controvertidas, y marcadas por el fraude y la compra de votos.
La constante en estos procesos electorales fue que quien más dinero y recursos trajera, era quien tenía más posibilidades de comprar votos, autoridades electorales, presidentes de partidos, candidatos que habían sido ganadores y hasta tribunales.
Pero las izquierdas nunca dejamos de dar la lucha por un sistema democrático de partidos. Peleamos ante los tres poderes cada voto, para que la voluntad del pueblo soberano verdaderamente fuese quien impusiera a los gobernantes y representantes políticos.
En 1996, el presidente Ernesto Zedillo decía que las elecciones de nuestro país eran las más caras, ya que le costaba mucho dinero al Estado el partido oficialista. Todas las izquierdas sabíamos que ese dinero se utilizaba para la compra masiva de votos y la movilización de votantes.
Luchamos para que se llevará a cabo un reparto justo del presupuesto entre todos los partidos, de manera que todos pudiéramos dar nuestra lucha y dar a conocer en los rincones más lejanos de nuestro país el proyecto político de las izquierdas. En 1996, logramos que se asignaran recursos a los demás partidos políticos, pero nuevamente el 70% de los recursos era para pagarle a los medios de comunicación masivos. De manera que no había manera de construir estructuras territoriales ni dar a conocer nuestros programas de lucha para el bienestar de la nación.
La segunda gran reforma determinó que los tiempos del Estado se usarían para la propaganda de los partidos, así dejaría de otorgarse tanto dinero a las televisoras. Pero, aún así, los grandes montos y recursos para los partidos siguieron otorgándose. Y poco a poco, a las izquierdas nos fueron echando de los partidos, porque los partidos se convirtieron en agencias de colocación para políticos e intereses ajenos a la vida pública.
Presidentes, senadores, diputados, alcaldes que surgieron de esos gobiernos, hubiéramos querido revocarlos en ese tiempo. En la izquierda siempre hemos tenido claros nuestros principios y objetivos al respecto de la vida política y pública de México.
Hasta septiembre de 2021 como parte de los compromisos del cambio de régimen, logramos que la revocación de mandato fuese un derecho constitucional. Se trata de una deuda histórica con todas y todos los compañeros que hicieron posible la cuarta transformación de la vida pública de México.
Algunos senadores andamos recorriendo el país para infórmale a la gente sobre la revocación de mandato. Pero nos hemos enfrentado a muchas dificultades jurídicas, por ejemplo, el INE realizó una reducción del 30% de las casillas cuando se necesita el 40% de las casillas para que tenga validez el resultado electoral. Entonces si se reducen un 30% de las casillas, lógicamente se tendrían que reducir el porcentaje que se requiere para la revocación; pero no es así. El árbitro electoral ha generado un escenario adverso para que se lleve a cabo la revocación, y aunque públicamente lo niegue, en sus actos jurídicos deja precedentes que enlodan a la institución electoral. La cual, ni es barata, y a los mexicanos nos costó décadas de lucha y sacrificio para su conformación.
México es el país que más gasta en elecciones ya que ese costo contempla un sistema de fiscalización para los partidos, todos los gastos son auditables, el costo de las casillas es alto, la capacitación electoral tiene un enorme precio. El INE justifica todos estos gastos como parte de su tarea para construir el sistema de partidos, pero todo eso es muy caro y el sistema de partidos ya existe.
Por ejemplo, algunas funciones que antes hacia el IFE ahora realmente ya no es competencia del INE, como el tema de la fiscalización de los partidos. Debido a que se trata de dinero público debería de recaer en la Auditoría Superior de la Federación.
El tema más caro de la elección es la insaculación y la visita a los ciudadanos. Nada más en la última elección se eligieron a once millones de personas, se elige una letra de abecedario y a esos ciudadanos son a los que salieron a visitar los funcionarios del INE para capacitarlos. Este proceso se hace en cada elección, por eso es lo más costoso. Saldría más barata la elección si tenemos un nombramiento profesional por casilla que dure nueve años en lugar de cambiar en cada votación.
En 2012 Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda por compra de votos de Odebrecht y de Iberdrola, el compromiso del PRI fue hacer ganar a su candidato a cambio de dar a estas empresas la reforma energética de 2013. En el fondo esa reforma fue por a la compra de los cinco millones de votos de ese partido. Las izquierdas sabemos, que, con la representación del pueblo organizado, hay posibilidades de hacer una campaña mucho más austera y sin compra de votos. Lo que se necesita es un mecanismo donde no se generé una plutocracia de los partidos, y logremos evitar y sancionar a los partidos que ganen a costa del tráfico de influencias y de la compra de votos.
Desde luego que las reformas se pueden, incluso en los climas políticos más adversos para las oposiciones. En 1996 los partidos alegaban que lo más caro eran los medios de comunicación y se le asignaban recursos para los medios y para difundir las propuestas programáticas de los partidos con la fórmula de que el 70% era para los medios. La reforma resolvió que la comunicación se iba a distribuir en los tiempos del Estado mexicano.
Pero cuando se hizo la reforma de 1996 no se quitó a los partidos ni un solo peso. Entonces en la actualidad, tenemos partidos muy caros y obsoletos, en donde más que construir militancia, lo que tenemos son mercados electorales que contratan empleados y desestiman los liderazgos, demeritan la gobernanza territorial e ignoran a las bases.
En el nuevo modelo electoral del siglo XXI, los partidos ya no construyen una militancia programática con propuestas de gobierno para fortalecer al régimen, tampoco promueven una plataforma electoral única. Sino que vemos, con mucha preocupación, despachos de consultoría electoral dictando a los grupos parlamentarios y a los partidos, cómo hacer su trabajo político, conforme a la visión de un vendedor de publicidad que no sabe nada de política.
Nosotros, en la bancada de Morena, pensamos que la reforma electoral debe de contemplar estos temas. Nuestro presidente vivió dos elecciones electorales en donde hubo mucha corrupción y fraude electoral.
Ahora con Morena se abrió a la democracia directa y no solo a la democracia representativa. El tema de la consulta ciudadana y de la revocación de mandato no es un tema de democracia electoral, sino de democracia ciudadana.
Así ocurrió con la cervecera en Mexicali y el Aeropuerto de Texcoco. La voz de la ciudadanía cuenta, las consultas y la revocación son un tipo de democracia auténtica que empodera a la población y nos recuerda que el pueblo es soberano.
El INE prohibió a nuestro Presidente promover la revocación. Pero nosotros, los senadores, como poder con autonomía plena, ejercimos el mandato que nos otorgó el pueblo soberano para otorgar claridad y transparencia a la interpretación de la ley, de manera que al hacer ajustes al artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato establecimos que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, el titular del Ejecutivo federal tendrá el derecho de opinar e informar acerca de la continuidad en su cargo.”
En este momento hay pugna nacional de dos proyectos. Por un lado, es el esquema donde los partidos se convirtieron en entidades de interés privado, de intereses creados, de intereses de una familia o de grupo, gente sin escrúpulos que sólo busca el despojo a la nación y hacer fortunas a costa del erario. Ese es el modelo neoliberal.
El proyecto de democracia de la cuarta transformación de la vida pública de México aboga por un sistema de partidos, en el cual los partidos deben funcionar como instituciones públicas e instrumentos de la sociedad para garantizar la vida democrática; y uno de estos ejemplos precisamente es la democracia directa y la revocación de mandato. De manera que este 10 de abril no olvides salir y ejercer tu derecho de revocar o ratificar a nuestro presidente. ¡La revocación va!
*Senador por el estado de Zacatecas del partido Morena
