De ser aprobada por el Congreso de la Unión la nueva Reforma al Sistema de Pensiones, presentada el pasado miércoles, México tendría como primer impacto el incremento en la informalidad laboral, debido a la presión sobre los empleadores para cubrir un aumento en la aportación patronal de 5.15 a 13.87 por ciento, afirmó Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
El directivo recordó que, al realizarse una contratación formal, el empleador debe cubrir un porcentaje de ‘carga social’ para que los empleados tengan prestaciones como la Afore. Esa cifra hoy representa un 35%, es decir, por cada peso que se paga correspondiente al sueldo neto del trabajador, el empleador paga 35 adicionales.
Con la reforma esa cifra se eleva a un 44% debido al incremento de ocho puntos en la aportación
por el pago de pensión.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ocupación informal ascendió a 22.6 millones, con cifras al cierre de mayo de este año, por lo que la Tasa de Informalidad Laboral se posicionó en 51.8%.
Medida riesgosa en una economía desacelerada Armando Leñero puntualizó que “no se trata de que esté mal apoyar a los empleados (la aportación del trabajador, en el caso de esta Reforma, no incrementa)”.
El desafío es supervisar que sea una decisión que no se tome de “golpe”, como ya se ha establecido. El otro aspecto es que de manera alterna se genere otro tipo de estímulos a la comunidad empresarial.
Agregó que si para una organización resulta insostenible pagar ese incremento en las pensiones, una salida por la que se puede optar es recurrir a un esquema de simulación, como pagar el salario mínimo al trabajador y dar el extra por fuera, como sucede en muchas empresas en la actualidad.
En opinión del directivo, con la propuesta de realizar una aportación por parte del gobierno, que se resumiría en 4 Unidades de Medida de Actualización -UMA- (el valor diario de esta unidad es 86.88 pesos) se rompe la propuesta de que los empleos formales deben tener un esquema tripartito.
Esto significa que para crear un empleo formal el apoyo sea conjunto, equitativo, entre empresa, el propio empleado y el Gobierno.
“Le sale más económico (a las autoridades) una propuesta así. Pero no es la misma situación para las empresas, que en cierta medida se desmotivan porque en lugar de recibir impulso para su recuperación ven un incremento en sus pagos. La dimensión de apoyar al empleado no es una carga exclusiva de los empresarios, o no debiera serla”, añadió el presidente del CEEF.
Armando Leñero recalcó que si bien es una acción concentrada en el sector más vulnerable y de menor ingreso, la realidad es que el desplome económico, producto de la pandemia y de años de poco apoyo fiscal, tiene a muchos empresarios al borde de la quiebra en sus negocios.
