La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Dirección General de Derechos Humanos, lleva a cabo la actualización del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia para casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, con el propósito de realizar un diagnóstico que evalúe su forma de aplicación.