Norma Julieta del Río Venegas*
El 6 de junio fue histórico para la democracia en México. En términos generales, la jornada electoral transcurrió en paz, se instalaron 99.73% de las casillas en todo el país con una participación ciudadana que permitió un proceso a la altura de las circunstancias. Después de terminar el cómputo distrital, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), 49 millones 151 mil 320 mexicanas y mexicanos salieron a votar, es decir, el 52.66% de la lista nominal decidieron expresar sus convicciones políticas y, sobre todo, mostrar su compromiso con la democracia en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Conviene detenernos y reflexionar sobre lo que implica colocar una boleta en la urna.
El voto es un instrumento que posibilita la rendición de cuentas. Con cada boleta electoral, las ciudadanas y los ciudadanos refrendamos, castigamos o simplemente nos expresamos sobre el quehacer público, sobre la forma en la que actúan quienes nos representan o nos gobiernan. Sin embargo, es necesario asumir como una obligación civil vigilar que quienes asumen un puesto de elección popular, y quienes por primera vez en la historia refrendan su encargo, cumplan con los compromisos establecidos a lo largo de la campaña. A este proceso se le conoce comúnmente como entrega-recepción.
Hay algo en lo que debemos hacer énfasis para que cada vez exista más conciencia al respecto: el proceso no termina con el cierre de casillas y el cómputo de votos. De ahí siguen los cómputos municipales, distritales y para gobernador. El INE da seguimiento a los procesos de fiscalización de campañas y deberá concluir 575 procedimientos en materia de fiscalización antes del 22 de julio, y claro, sin olvidar las impugnaciones de los actores políticos. Cada una de las etapas está prevista en nuestra legislación vigente.
Una vez agotadas las instancias, el proceso de rendición de cuentas que hemos iniciado con la emisión de nuestro voto continúa porque debemos dar seguimiento a la gestión de las nuevas autoridades y al mismo tiempo fiscalizamos a quienes dejan el cargo. Los procesos de entrega-recepción representan un mecanismo de rendición de cuentas para informar el estado que guarda la gestión administrativa al momento de la entrega. Es la transferencia ordenada de bienes muebles e inmuebles; recursos humanos, materiales y financieros, así como archivos documentales de la administración pública, que contiene además los resultados de la gestión.
Estos procesos de entrega-recepción son de interés público y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, por ello resulta útil para que la sociedad conozca las actividades que se realizan en la administración pública y el estado que guardan al momento de la trasmisión del poder público, de esta forma puede deliberar y evaluar la administración saliente y tener un punto de partida para la entrante.
Para llevar a cabo los procesos de entrega–recepción la federación y las entidades federativas cuentan con leyes, lineamientos y manuales que establecen los actores que deberán participar en los procesos, los tiempos y el expediente que habrá de integrarse y las actas que habrán de suscribirse. Los elementos que integran un expediente de entrega–recepción en la Administración Pública Federal están publicados por la Secretaría de la Función pública en el Diario Oficial de la Federación y son:
I. Marco jurídico de actuación. II. Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios. III. Principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios. IV. Los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales. V. Los convenios, procesos y procedimientos. VI. Las prospectivas y recomendaciones. VII. Los archivos. VIII. Los demás asuntos que consideren pertinentes o relevantes Y contempla además los Libros Blancos y las Memorias Documentales de los programas y acciones que se quieran resaltar.
Pero, además, cada entidad federativa cuenta con normatividad propia para el proceso de entrega-recepción Las elecciones que se llevaron a cabo este año dan lugar a diversos procesos de entrega–recepción en los tres órdenes de gobierno: En la Cámara de Diputados, en las 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 924 ayuntamientos y 388 entes municipales. En total se llevarán a cabo 2 mil 357 procesos.
De acuerdo con el artículo “Fundamentos de la transparencia en la sociedad contemporánea”, escrito por el Dr. Ricardo Uvalle Berrones y publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, “la transparencia como política pública está asociada a la profundización democrática, a la buena gobernanza y a la prevención y combate a la corrupción; abre la posibilidad a que se conozcan las entrañas del poder, sobre todo las que se relacionan con el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. La transparencia permite acceder a los archivos del Estado, los ciudadanos pueden acceder a la superficie del Estado para conocer y valorar la información pública.” Dentro de toda esta arquitectura encontramos los procesos de entrega-recepción.
El proceso de entrega–recepción en su etapa final, debe contemplar la verificación del expediente por quienes reciben, con un plazo suficiente para revisar en forma pormenorizada el estado que guarda la administración pública en cuanto a resultados, cumplimiento de programas, situación financiera y fiscal, casos judiciales que pueden implicar pérdidas económicas para las entidades, recursos humanos, bienes muebles e inmuebles, asuntos de atención inmediata y archivos documentales.
De tal manera que las comisiones de entrega-recepción deberán estar muy atentos para frenar y enfrentar los posibles saqueos de las arcas gubernamentales y del despilfarro a discreción. Incluso, se debe poner énfasis en los movimientos de último momento, ya sea permisos, concesiones, venta de vehículos, equipo, aumento de salarios y basificaciones de personal, entre otros actos fraudulentos.
Además, en caso de encontrar irregularidades o posibles faltas administrativas, deberá informarse a los órganos internos de control para que realice las actuaciones pertinentes de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Siendo también importante el seguimiento por parte de las Entidades de Fiscalización Superior locales, y de comprobarse irregularidades actuar conforme a los Códigos Penales de aplicación.
Los gobiernos de las entidades federativas deberán entregar finanzas estatales por encima de los 720 mil millones de pesos. En el top 5 podemos encontrar a Baja California, $58,538,725,486; Baja California Sur, $18,402,212,144; Campeche, $21,454,315,101; Chihuahua, $74,225,370,049, y Colima $17,546,068,000.
Otro aspecto relevante que recibirán los gobiernos estatales es la deuda pública. De acuerdo con el sistema de alertas sobre el grado de endeudamiento de las entidades federativas que llevarán a cabo un proceso de entrega-recepción, Chihuahua y Nuevo León deberán poner especial énfasis al ser los Estados con indicadores preocupantes.
Todo el proceso de entrega–recepción, desde su inicio, con la conformación de comités de entrega y la integración del expediente para dar lugar al acto protocolario donde se realiza la entrega–recepción formal, que queda asentado en la ración y acta respectiva, hasta su final con la verificación del expediente y, en su caso, la determinación de responsabilidades administrativas; debe ser transparente de principio a fin. Sin embargo, no se encuentra contemplado como tal, en las obligaciones de transparencia, tanto de la Ley General como de las leyes locales, por lo que el mecanismo idóneo para que se conozca por la sociedad es mediante la transparencia proactiva.
Es recomendable contar con micrositios que den lugar a todo el proceso de entrega–recepción de cada una de las gubernaturas, legislaturas locales, ayuntamientos y alcaldías, donde los ciudadanos puedan contar con información respecto al estado que guardan las administraciones al momento de la transición del poder público, así como las acciones posteriores al respecto.
Los momentos de entrega son proclives a la corrupción, donde se pueden perder o desaparecer bienes y recursos públicos. Se requieren procesos abiertos y transparentes, donde la sociedad conozca y participe de manera informada, dando seguimiento y exigiendo la rendición de cuentas, la continuidad en la información -que no haya pérdidas- y la sanción, en caso de que existan actos de corrupción o responsabilidades.
La democracia es un proceso constante. El voto es un mecanismo de rendición. Las y los mexicanos debemos estar alerta y atentos, porque este modo de participación es una forma de vivir en un país con democracia y transparencia al que todas y todos aspiramos.
