Balbina Flores Martínez*
En un hecho sin precedente para la prensa, el 2 de noviembre se instalará en La Haya el Tribunal de los Pueblos para investigar los asesinatos de periodistas, “una forma de justicia popular”, considera Reporteros sin Fronteras, instancia que analiza jurídicamente casos específicos en los que la impunidad prevalezca por muchos años.
La apertura de la audiencia estará a cargo de Almudena Bernabéu, reconocida abogada de derechos humanos, quien el año pasado llevó el juicio de un excoronel salvadoreño acusado del asesinato de un grupo de jesuitas en 1989, y quien colaboró en el proceso al exdictador chileno Augusto Pinochet. También estará en la apertura la ahora Premio Nobel de la Paz, la periodista María Ressa, entre otros expertos en libertad de expresión y medios.
La iniciativa ante el Tribunal es de tres importantes organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa que unieron esfuerzos con ese propósito: Free Press Unlimited(PFU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), grupos que buscan contribuir a la justicia en los asesinatos de periodistas. Es por ello que solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos convocara a su vez al “Tribunal de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas”.
Dicho Tribunal acusará a los gobiernos de México, Sri Lanka y Siria por no cumplir con su obligación de procurar justicia en los homicidios de los periodistas Miguel Ángel López Velasco; Lasantha Wickramatunga y Nabil Al-Sharbaji. La apertura de juicio se instalará el 2 de noviembre y las “sesiones judiciales” se realizarán en marzo de 2022.
Un día por demás simbólico, dijo Christophe Deloire, secretario general de RSF.“La audiencia inicial del 2 de noviembre conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Esta iniciativa no solamente se propone denunciar a las autoridades que permiten el horrible nivel de impunidad, sino que es un ejemplo concreto y útil de lo que el Poder Judicial debe hacer”.
Por su parte, Joel Simon, director ejecutivo del (CPJ, por sus siglas en inglés) ha expresado: “Demasiados valientes periodistas han sido asesinados por ejercer su vital función: informar la verdad. El Tribunal de los Pueblos exige justicia por estos horrendos crímenes y crea presión para movilizar a los Estados a enfrentar la impunidad por el asesinato de periodistas. Se puede y se debe hacer más para enjuiciar a los autores de estos crímenes. Esa es la inspiración del proyecto ‘Un mundo más seguro para la verdad’”.
A lo largo de la historia, “los Tribunales de los Pueblos han sido concebidos para hacer que los Estados rindan cuentas de violaciones del derecho internacional, pues crean conciencia pública y generan un historial de pruebas legítimo, y desempeñan un papel importante para empoderar a las víctimas y documentar sus historias”.
Esperamos desde luego que para el caso de México, este Tribunal contribuya no sólo a visibilizar las situación de la libertad de prensa en el país, donde el 92 por ciento de los asesinatos de periodistas se encuentran impunes, entre ellos el del periodista Miguel Ángel López Velazco, asesinado junto a su esposa y su hijo el 20 de junio de 2011, adoptado por este Tribunal, sino a recordar que en el país hay por lo menos 24 periodistas desaparecidos, casos en los que el Estado mexicano no hace mucho o nada por localizarlos.
La violencia contra los periodistas, ha dicho RSF, “registra incrementos en todo el mundo. Desde 1992, más de mil 400 periodistas han sido asesinados, y en el 80 por ciento de los homicidios los autores del crimen no recibieron castigo. La persistente impunidad perpetúa el ciclo de violencia contra los periodistas y representa una amenaza contra la libertad de expresión”. Es por ello que la búsqueda de nuevas alternativas para la justicia y la verdad son un aliciente para muchas víctimas de la violencia, en este caso las y los periodistas y sus familias.
La audiencia inicial se celebrará de 09:00 a 18:00, hora central europea, el martes 2 de noviembre de 2021 en La Haya. Se puede asistir en persona enviando un correo electrónico a la dirección [email protected] y se puede presenciar la transmisión en directo en el enlace Leon Willems, director de Política y Programas de Free Press Unlimited (FPU).
Algunos antecedentes sobre el Tribunal Popular
El primer Tribunal Popular se constituyó en 1966 y examinó los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, pusieron en marcha este Tribunal, que contó con la participación de destacados expertos y jueces.
El Tribunal llamó la atención sobre los crímenes cometidos en Vietnam y ayudó a dar forma a la narrativa pública en torno a la intervención de Estados Unidos. Desde entonces se han organizado tribunales populares sobre una amplia variedad de cuestiones de derechos humanos, en las que la sociedad civil sentía que los gobiernos, no estaban haciendo lo suficiente para garantizar la justicia.
Los Tribunales Populares no tienen un mandato legal «real» y sus veredictos no son legalmente vinculantes. Sin embargo, al atraer a personas de alto nivel -por ejemplo, a exjueces de tribunales superiores-, para que actúen como jueces y fiscales en la corte, el Tribunal Popular adquiere legitimidad y se convierte en una poderosa herramienta simbólica para demostrar que es posible hacer justicia.
