Fernando Vargas*
Iniciamos el año 2023 con dos importantes pendientes electorales, la publicación de una reforma electoral a diversas leyes secundarias que se ha dado en llamar “Plan B” al descartarse la propuesta de reformas constitucionales de la Presidencia de la República, por no obtener la votación calificada de dos terceras partes de integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El otro pendiente es la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es decir de su presidencia y tres consejerías, de un total de 11 integrantes.
La reforma electoral en el actual sexenio tuvo su primer debate al inicio de 2019 cuando se presentaron diversas iniciativas que, entre otras cosas proponían avanzar en la creación del Sistema Nacional Electoral derivado de la reforma de 2014 en la que el IFE pasó a ser al actual INE, con más amplias facultades en la organización de las elecciones locales.
Entonces, la discusión se centró en la desaparición de los Institutos y Tribunales Electorales de las entidades federativas, por una de las partes, en tanto que otra refirió la posible captura del INE por parte del gobierno actual y su mayoría legislativa, esto último ante la primera renovación escalonada de cuatro de los 11 integrantes del Consejo General del INE.
Sin embargo, la mayoría legislativa y el Poder Ejecutivo determinaron aplazar la discusión de la reforma electoral hasta el año 2022; pero sí se llevó a cabo la renovación escalonada de cuatro consejerías electorales en el año 2020 conforme a lo previsto y con el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin que se cumpliera el vaticinio de conflicto o captura por parte del gobierno del órgano electoral.
Es retomada la discusión de la reforma electoral con la presentación de una iniciativa presidencial de reforma constitucional en abril de 2022, y cuya discusión se agenda para finales de ese mismo año, la respuesta a esa propuesta y otras del Poder Ejecutivo fue la declaración de una moratoria constitucional por parte de la oposición al gobierno en turno, no obstante, se logró acuerdo de una mayoría calificada para prolongar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y más adelante se especuló sobre un posible acuerdo con una parte de esa oposición para sacar adelante las propuestas de reforma constitucional.
El año 2022 concluyó sin existir disposición de todas las fuerzas políticas por revisar, discutir y acordar cambios a las reglas electorales, en lugar de ello existió una campaña de una y otra parte, por la gubernamental de difusión de las propuestas de reforma en el sentido de eliminar el financiamiento público ordinario y aumentar el financiamiento de campañas a los partidos políticos, de reducir los integrantes del Congreso de la Unión y de los Congresos locales y Ayuntamientos.
Además, crear nuevos órganos electorales con órganos de dirección de elección popular; de la oposición, la campaña se centró en señalar que el gobierno pretendía regresar al pasado y hacerse cargo de la organización de las elecciones, bajo la bandera política del “INE no se toca”, en esta campaña de la oposición se ha dado un ingrediente preocupante, la participación activa de la dirección del propio INE, llamando a participar y felicitando a esa parte de la ciudadanía que se movilizó bajo dicha bandera política, colocando a la autoridad electoral en el espectro de una de las fracciones en pugna.
Es en este diálogo de sordos que la mayoría legislativa está llevando adelante una reforma a las leyes secundarias, el denominado “Plan B” cuyo proceso legislativo aún no concluye para su aprobación definitiva, publicación y entrada en vigor, salta a la vista que su alcance dista mucho de la propuesta original de reforma al sistema electoral y a los organismos a cargo de la organización de las elecciones.
Es así que, ante la falta de acuerdo, seguiremos por unos años más con el mismo sistema de elección e integración de la representación popular de los Poderes Legislativos, Ejecutivos, así como de los Ayuntamientos y Alcaldías, también seguiremos con el mismo financiamiento público a los partidos políticos.
Tampoco tendremos una renovación total del INE ni del Tribunal Electoral y seguirán existiendo en cada entidad federativa órganos administrativos electorales y tribunales electorales locales. Seguiremos con similares costos en la organización de las elecciones, así como la dinámica de renovación escalonada previamente diseñada de esos órganos nacionales y locales.
Así tenemos que no se generaron cambios al sistema electoral, ni a las condiciones de equidad en la competencia electoral, ni cambios trascendentes a las reglas de organización de las elecciones. Las reformas a las leyes secundarias que se prevé sean aprobadas y entren en vigor en febrero, tan sólo se ocuparon de aspectos como la sanción de pérdida del derecho de ser votado, de simplificar algunos procedimientos para la organización de las elecciones con el uso de tecnologías, así como de una reestructuración administrativa del INE, a partir de reconocer la rectoría de este órgano electoral nacional en el Sistema Nacional Electoral que proviene de la reforma del año 2014, y la eliminación de previsiones legales de contar con 300 oficinas permanentes o de la denominación de cargos y puestos; lo que de ninguna manera implica la desaparición del 85% del Servicio Profesional Electoral como se ha dicho desde el propio INE, y la puesta en riesgo de la organización de elecciones futuras y mucho menos de la democracia en nuestro país.
En tal sentido de prosperar las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, pueden representar una oportunidad para que desde la autonomía de la autoridad electoral se revise y diseñe una reestructuración administrativa con una amplia libertad de organizar su presencia en todo el país, mediante oficinas permanentes y temporales para la organización de las elecciones y procesos de consulta ciudadana, con una mayor eficiencia y un mejor manejo de los recursos públicos.
La posibilidad de un nuevo diseño institucional, como es un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral permitirá revisar y conservar los cargos y puestos claves e indispensables que deberán ser de carácter permanentes, pero también clasificar como temporales aquellos cargos y puestos necesarios sólo en tiempo de los procesos electorales, aplicable tanto para el INE como para los órganos electorales de las entidades federativas que concurren en la organización de los procesos electorales locales.
Para esto, el Instituto cuenta con el presupuesto solicitado sin el recorte presupuestal de años anteriores: para 2023 sólo se eliminó el presupuesto para consulta popular que no se realizará. Por lo que con la reforma electoral no se pone en riesgo la autonomía e independencia de las autoridades electorales, ni mucho menos la organización de las elecciones de 2024, sino que por lo contrario, se abre la oportunidad para que sea la propia autoridad electoral en ejercicio de su autonomía, darse la organización como mejor le convenga.
Desde luego este camino de la reforma electoral está sujeto a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante posible declaración de invalidez total o parcial de la reforma, pero también ante posibles decisiones del Poder Legislativo que tiene la posibilidad de depurar e insistir en los cambios legales hasta 90 días previos al inicio del proceso electoral, por lo tanto en este tema aún queda largo camino por recorrer.
En el otro aspecto de la renovación de cuatro integrantes del Consejo General del INE, que incluye a la Presidencia del Consejo General del INE, al concluir el periodo de las consejerías designadas por nueve años en el año 2014, tendremos la renovación total del primer Consejo General de la transición del IFE al INE. Lo que además implica su reconfiguración política en su integración pues la mayoría ya no provendrá de las propuestas formuladas en el contexto del entonces el “Pacto por México” del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Esta nueva integración tiene la ineludible tarea y oportunidad de retomar el papel del arbitraje electoral, de una actuación colegiada, sin una agenda política de quien ocupe su Presidencia, de construir una nueva legitimidad democrática, asumiendo un papel de absoluta neutralidad e imparcialidad ante todos los actores políticos, sin ser un actor político más, ni tomar partido en el debate político público, sino como promotor de los valores democráticos del pluralismo, la tolerancia, legalidad, igualdad, la paz social, la participación, la cooperación y la inclusión, entre otros.
El proceso para la designación de la nueva Presidencia y tres integrantes más del Consejo General por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, deberá realizarse a partir de una nueva convocatoria, en febrero y marzo del presente año, requerirá de un acuerdo amplio de las fuerzas políticas para alcanzar las dos terceras partes de dicha Cámara, de lo contrario serían seleccionados por el método aleatorio de la insaculación en la propia sede legislativa o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La insaculación como último recurso debe compeler al acuerdo político que ponga nombre a quien presidirá al INE y tres consejerías más para los próximos nueve años. En el año de 2020 ya se nombraron cuatro consejerías con el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y no se cumplió el vaticinio de que serían propuestos y designados por la actual mayoría del Congreso, por lo que existen las mismas condiciones para que en un esfuerzo de voluntad política se construya un nuevo acuerdo que logre no sólo la mayoría calificada para tal designación, sino un nuevo consenso, fuera de la estridencia mediática en el que la propia autoridad electoral ha venido participando.
También a finales de año vendrá la renovación parcial de dos de siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del árbitro que tiene la última palabra en las controversias electorales. Esta renovación debió de verificarse conforme a lo pactado desde el año 2008[1], de cuatro magistrados electorales desde los años de 2019 y 2022, sin embargo, de manera ilegal y avalado por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se amplió el mandato de estos cuatro integrantes, a pesar de que previamente ya habían sido designados por el Senado de la República conforme a las reglas de escalonamiento vigentes desde años atrás, por lo que la renovación de dos de sus integrantes será hasta finales del presente año, otros dos serán renovados hasta la conclusión del proceso electoral en 2024 y los restantes tres serán hasta el año 2025.
Los vientos de cambio son menos favorables en el Tribunal Electoral con la alteración de su renovación escalonada, por lo que para la elección de 2024 y durante algunos años más, tendremos un órgano de justicia electoral heredado por el “Pacto por México”, que no responde a un nuevo sistema de partidos políticos y alianzas políticas y electorales que se viene generando desde el año 2021 con dos grandes bloques, por lo que será mayor el reto de adaptación de este órgano de justicia que debe autocontenerse de actuar como actor político colocándose al lado de alguno de los bandos en pugna, asimismo debe restringirse a su ámbito de competencia jurisdiccional, abandonando sus pretensiones de moderno “justiciero”, de normar y regular la competencia electoral que sólo corresponde al Poder Legislativo, limitándose a resolver las controversias entre los actores políticos de manera imparcial y conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
Así tenemos que ante el cambio de nuestro sistema político y sistema de partidos políticos derivado de los procesos electorales de los años 2018 y 2021, del que derivan dos grandes bloques o alianzas que disputan el poder público, se ha renunciado a revisar y adaptar las normas político-electorales a esa nueva realidad en la competencia electoral, a pesar de coincidencias generales como reducir el tamaño de los órganos legislativos y su sistema de elección, de cambiar el método de elección de los integrantes de las autoridades electorales, del financiamiento a los partidos políticos, no existió la voluntad política de las distintas fuerzas políticas, e incluso desde el propio órgano electoral que atizó el fuego del desacuerdo con teorías como el creacionismo o de que las propuestas de reforma no deben provenir del grupo gobernante, sino de la oposición en turno.
Debido a lo limitado de los cambios en las reglas político-electorales formulados por la mayoría legislativa, es que no existen los peligros ni riesgos en la organización de las próximas elecciones, ni tampoco se vulnera la autonomía de los órganos electorales. Esto, dependiendo del enfoque, se pudiera apreciar como una victoria de la oposición, pero también pudiera evidenciar que en ningún momento existió el peligro o riesgo de que el gobierno en turno se apoderara de la organización de las elecciones.
Las posiciones políticas que refieren el desmantelamiento de la estructura del INE en los 300 distritos electorales, poniendo en riesgo la organización de las elecciones, la actualización del padrón, la instalación de casillas y la realización de cómputos sólo buscan desinformar a la ciudadanía y al propio personal electoral. La división del país en 300 distritos electorales sólo opera el día de la elección, es decir en un solo día de jornada electoral para que la ciudadanía elija a un representante de la Cámara de Diputados, no obstante antes como con la reforma, se prevé durante un año de proceso electoral, la instalación de 300 oficinas entre permanentes y temporales, así como oficinas municipales temporales y centros de acopio en todo el territorio nacional. En tanto que para la expedición de la credencial de elector se mantienen los más de 840 módulos de atención ciudadana, habiendo quedado intocado el presupuesto para este año, nada cambia en la atención a la ciudadanía y en la organización de las elecciones.
Entonces ahora toca recuperar y reconstruir al árbitro electoral y con ello defender nuestra democracia, tal y como lo frasea la Presidencia del INE cuyo periodo concluye a principios de abril de este año.
*Experto en temas electorales y asesor legislativo
[1] Artículo cuarto transitorio del Decreto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5051359&fecha=01/07/2008#gsc.tab=0
