Enfatiza que la violencia por castigo corporal sigue normalizada, por lo que las secretarías ejecutivas de los Sipinna estatales tienen el deber de coadyuvar en los esfuerzos conjuntos del Estado y la sociedad para lograr su eliminación.
La violencia que viven niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de sus vidas es y debe ser un motivo de alarma social; un llamado para que las autoridades, sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales, poderes públicos y la población en general, tomen acciones inmediatas, de manera corresponsable, para revertir esta grave situación, subrayó la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román.
Remarcó, durante el ‘Diálogo: Violencia contra niñas, niños y adolescentes’ con las y los integrantes de la comisión de las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección integral de las entidades federativas, que la violencia por castigo corporal sigue normalizada en el país y es grave, por lo que se tiene el deber de coadyuvar en los esfuerzos conjuntos del Estado y la sociedad para lograr el cambio cultural urgente que la elimine.
La servidora pública comentó que frases como “mi mamá me daba mis zapes y soy una persona de bien” o “lo que necesita ese niño son unas buenas nalgadas” están muy arraigadas, aunque se sabe que son mitos por sus consecuencias negativas. La violencia contra niñas, niños y adolescentes nunca está justificada y no puede disfrazarse de medida correctiva en su beneficio.
Apuntó que, en el caso de las desapariciones de las niñas, niños y adolescentes “es una de las peores violencias que puede enfrentar un ser humano. No solo afecta a la niña o niño desaparecido, lastima a su familia, amistades, escuela y comunidad, quienes no superan la tragedia”. Todas y todos deben enfrentarla desde el ámbito de cada autoridad de acuerdo con sus atribuciones.
Tort San Román aseveró que las secretarías ejecutivas de los Sipinna en los estados no tienen atribuciones de procuración o impartición de justicia, de investigación o policíaca, pero “podemos hacer mucho en el fomento a la prevención de las violencias, que puede hacer la diferencia positiva y, sí, es nuestra responsabilidad”.
El oficial nacional de Protección a la Infancia en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), José Antonio Ruiz Hernández, mencionó que para enfrentar la violencia generada por el castigo corporal de las niñas, niños y adolescentes hay que hacerlo desde una estrategia adecuada: la crianza positiva como acción de prevención, así como la modificación de las normas programáticas y judiciales como son las leyes, códigos civiles y penales.
Ruiz Hernández expresó que, en el fondo, se trata de generar condiciones institucionales para que la prohibición legal del castigo corporal sea efectiva. Sí debe existir un marco legal homogéneo que proteja a niñas, niños y adolescentes de esta forma de violencia.
La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, A.C. (Redim), Tania Ramírez Hernández, planteó que de acuerdo con datos oficiales evaluados por su organización, 74.6 por ciento de las personas desaparecidas de 0 a 17 años en el país eran adolescentes entre 12 y 17 años. Esto es: 12 mil 213 de las 16 mil 378 niñas, niños y adolescentes que no aparecen. De estas personas de 12 a 17 años desaparecidas, 7 mil 27 son mujeres (57.5 por ciento) al corte del 11 de abril de 2022.
Ramírez Hernández recalcó la necesidad de que en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPED), en el caso de niñas, niños y adolescentes, no se presuponga la ‘no localización por voluntad de ausencia’ porque hay ocasiones en que las acciones de las primeras autoridades respondientes aparecen prejuicios como ‘se fue con el novio’, ‘quería en realidad alejarse’. Hay que abandonar la visión adultocéntrica de que los problemas que puedan vivir ellas y ellos es íntimo y doméstico, ya que sí es un problema público por lo que deben intervenir los órganos de autoridad correspondientes.
La abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), Mariana Gil, dijo que el papel de las secretarías ejecutivas de los Sipinna estatales es primordial para erradicar visiones paternalistas y adultocéntricas sobre niñas, niños y adolescentes y pasar al ‘¿cómo actúo?’ para que en realidad accedan a la justicia.
Explicó que el acceso a la justicia es un derecho llave para que la niñez y adolescencia tengan acceso a atención psicológica y psiquiátrica, así como la reparación del daño, entre otros.
